La controversial propuesta legislativa de prohibición del uso de las redes sociales por menores de edad en Perú que es señalada de plagio

Según este documento, que fue introducido esta semana en el Congreso, el Estado tendría el control de los contenidos compartidos en las plataformas digitales.

Un proyecto de ley que prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 14 años en Perú ha causado duras críticas entre los expertos en el tema, que alertan sobre sus inconsistencias legales y por haber sido supuestamente plagiado de otro texto legislativo, presentado en Colombia en 2019.

El diputado Luis Carlos Simeón Hurtado, del partido centrista Acción Popular, presentó esta semana el proyecto de ‘Ley que regula el uso indebido de medios tecnológicos en telecomunicaciones como las redes sociales y aplicaciones’.

Lo que más destaca de la propuesta es el papel que le otorga al Estado en el control de los contenidos que se comparten en las distintas plataformas, y las restricciones sobre la publicación de información personal. Por otra parte, las críticas apuntan a que las afirmaciones del texto son subjetivas y confusas.

¿Qué hay en el proyecto?

En la exposición de motivos del instrumento legal se afirma que tiene la finalidad de «proteger a los usuarios frente a conductas lesivas o potencialmente peligrosas», como resultado del «uso inadecuado de las redes sociales».

Además, se concede al Estado la posibilidad de «establecer un mecanismo de control parcial sobre la red, sin llegar a menoscabar la libertad de expresión», a través de la Comisión de Ciberseguridad conformada por los ministerios de Justicia, del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Transporte y Comunicaciones.

En el borrador se explica que el control se hará a través de la creación de una línea telefónica y de una página web, donde los usuarios podrán denunciar las eventuales violaciones a la Ley.

En cuanto a las sanciones, se establecen multas de 100 unidades tributarias (unos 117.000 dólares, al cambio actual), la cancelación de la cuenta o página web, o una pena de cárcel de menos de dos años.

¿Cuáles son las prohibiciones?

  • Ser menor de 14 años o publicar datos de menores de esta edad, sin consentimiento de los padres.
  • Publicar datos, información, archivos, fotos y videos de otras personas sin su consentimiento.
  • Difamar y usar de manera indebida las redes sociales para imputar a una persona.
  • Descargar documentos de manera gratuita que tengan derecho de autor.
  • Usurpar la identidad de otro o crear la de una persona que no es real.
  • Insultar o amenazar a personas, grupos o comunidades.
  • Sobreexponer o revelar información personal dentro del perfil en las redes. Esto incluye datos económicos, financieros, dirección de residencia, teléfono o información sentimental.
  • Usar un lenguaje que incite al odio.
  • Difundir noticias falsas para atacar a un oponente político o comercial.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que se hacen en el proyecto de ley, se encuentra la de «ser prudente» con lo que se comparte en las redes; «evitar odios o atribuir hechos falsos a terceros» y no difundir publicaciones que puedan afectar a otros.

En esta iniciativa se ofrece la opción de rectificación por la misma vía donde se hizo la publicación, sin que medie una orden judicial. Además, se insta al Gobierno peruano a suscribir «acuerdos o códigos de conducta» con las empresas Facebook, Twitter, YouTube, Google y otras plataformas digitales, para que implementen mecanismos de suspensión de publicaciones que infrinjan la ley.

Acusaciones de plagio

Varios expertos rechazaron algunos puntos de este proyecto e incluso señalaron que había sido copiado casi totalmente de un texto similar, elaborado por José Eliecer Salazar López, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, que lo presentó ante esa instancia en 2019. 

El investigador Miguel Morachimo dijo en su cuenta de Twitter que no era la primera vez que un documento de este tipo era plagiado. «Lo que más revelan es la poca reflexión e investigación previa a una propuesta legislativa por parte del equipo parlamentario», acusó.

En esta oportunidad, la acusación de plagio recae sobre Simeón Hurtado. En 2020, el congresista peruano también había introducido un proyecto de ley que declaraba el acceso a internet como un derecho humano.

Según una publicación de Útero, el escrito presentado el año pasado se basaba en otro enviado en 2018 por el expresidente del Congreso, Mauricio Mulder, del socialdemócrata Partido Aprista Peruano, y en fragmentos de Wikipedia.

Más críticas

El abogado Dilmar Villena, en un análisis  de Hiperderecho, aseveró que este papel de trabajo debería ser «archivado» porque tiene «varios problemas de constitucionalidad».

El experto en derecho constitucional argumenta que cuando se habla de «respetar» la opinión del otro, se utiliza un lenguaje que «no es el propio de un texto legal, que busca establecer un régimen general de regulación de un ámbito específico».

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Del mismo modo, critica la exigencia de transparencia en los contenidos de las plataformas digitales. «Parece ser que, al momento de usar las redes sociales, las personas deben hacer públicas y dejar claramente resultados son sus motivaciones», reflexionó.

En cuanto a las prohibiciones y obligaciones, el experto considera que son inconstitucionales o que «terminan siendo redundantes porque ya existe normativa específica que las regula».

Villena expresa igualmente sus reservas sobre temas como la sobreexposición de la intimidad y la información privada en el perfil de las redes, ya que estima que el Estado «no debería tener ningún nivel» de atribución para imponerle a una persona libre y sin coacciones, «qué información personal publicar o no».

Finalmente, cuestiona la posibilidad de que los organismos estatales peruanos puedan cancelar una cuenta o bloquear páginas web sin una orden judicial.