Nuevas tensiones entre Gobierno y oposición en torno de las facultades presidenciales

 La insistencia de congresistas peruanos para que entre en vigencia un dictamen que limita al Gobierno tensionó de nuevo las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo.

La insistencia de congresistas peruanos para que entre en vigencia un dictamen que limita al Gobierno tensionó de nuevo las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo.

La insistencia de congresistas peruanos para que entre en vigencia un dictamen que limita al Gobierno para recurrir a la figura de cuestión de confianza tensionó esta semana de nuevo las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, tras un breve relajamiento derivado de los cambios en el gabinete ministerial.

El dictamen, impulsado por partidos de derecha y objetado por el Gobierno de izquierda de Pedro Castillo, es rechazado además por prestigiosos juristas, que lo consideran inconstitucional y alertan sobre el desequilibrio de poderes que supuestamente genera.

«Limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para la vacancia (destitución) presidencial. Romper el equilibrio de poderes es acabar con la democracia», escribió en Twitter el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien se sumó a preocupaciones expresadas por la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez.

«La responsabilidad exige a las bancadas una reflexión profunda. Debemos preservar el principio de balance de poderes», complementó la ministra de Inclusión, Dina Boluarte, quien, como vicepresidenta, sería la encargada de reemplazar a Castillo si éste tuviera que dejar el cargo.

El Congreso ya aprobó el dictamen, redactado por su Comisión de Constitución, pero no entró en vigencia porque el Gobierno se negó a refrendarlo y lo regresó con observaciones. Ante eso, la Comisión insiste en que el Legislativo la adopte «por insistencia», un mecanismo previsto en la legislación.

Para analistas, si el Congreso aplica la figura de la insistencia habrá un nuevo choque de trenes con el Gobierno, que, a través de Vásquez, pide diálogo para buscar consensos no solo frente a la cuestión de confianza sino también frente a las mociones de censura, con la que los parlamentarios pueden destituir a ministros individualmente, al gabinete completo o incluso al jefe de Estado.

«La responsabilidad exige a las bancadas una reflexión profunda. Debemos preservar el principio de balance de poderes»

Dina Boluarte

El debate, propiciado por los partidos Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP) y Avanza País, que hacen férrea oposición, se ahondó después de que el entonces jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, amenazara con recurrir a la confianza si se censuraba al ministro de Trabajo, Íber Maraví, acusado de supuestos vínculos con grupos ilegales de extrema izquierda.

Si el Gobierno hacía de la continuidad de Maraví una cuestión de confianza, el Congreso habría quedado entres dos opciones: o desistía de la censura o la hacía pero quedando en capilla, porque la Constitución faculta al Ejecutivo a cerrar el Congreso en caso de que le niegue dos veces la confianza, como lo hizo en el pasado quinquenio el presidente interino Martín Vizcarra.

Eso no ocurrió porque Castillo advirtió que no usaría la figura y, sobre todo, porque antes de que se aprobara la moción de censura el mandatario le pidió la renuncia a Bellido y formó un nuevo gabinete, ya sin la presencia del titular de Trabajo cuestionado.

El dictamen es impulsado por partidos de derecha y objetado por el Gobierno de izquierda de Pedro Castillo (foto).Foto: Agencia Andina

El dictamen es impulsado por partidos de derecha y objetado por el Gobierno de izquierda de Pedro Castillo (foto).Foto: Agencia Andina

Las cuestiones de confianza y las mociones de censura fueron introducidas para equilibrar los poderes y funcionaron sin problemas hasta que, entre 2016 y 2019, FP usó la mayoría absoluta que tenía en el Congreso para cercar al presidente liberal Pedro Pablo Kuczynski, a quien finalmente logró destituir.

Esta vez, los recelos se incrementan porque el partido oficialista Perú Libre (PL) y sus aliados han denunciado desde el principio que FP, RP y Avanza País quieren sacar a Castillo, lo que incluso ha sido reconocido abiertamente por miembros de esas bancadas.

«Esa es la estrategia del golpismo, y en ese objetivo no tiene límites ni escrúpulos. Por eso defendí que Bellido plantee la cuestión de confianza, no para defender a Maraví sino al Gobierno, (pero) el presidente, en nombre de la gobernabilidad, renovó todo el gabinete a cambio de nada. Hoy, cuando la caterva golpista venga por el presidente y contra el Estado de Derecho, será demasiado tarde», afirmó la congresista de PL Silvana Robles.

«El dictamen crea una asimetría perjudicial entre los poderes. Se busca limitar al Ejecutivo y puede ser una maniobra política para socavar la gobernabilidad», opinó por su parte en una entrevista con Télam el politólogo Roger Santa Cruz.

«El dictamen crea una asimetría perjudicial entre los poderes. Se busca limitar al Ejecutivo y puede ser una maniobra política para socavar la gobernabilidad»

Roger Santa Cruz

En la misma vía se han pronunciado constitucionalistas como Luciano López y Omar Cairo, quienes además recordaron que ya en ocasiones pasadas el TC advirtió que no es válido limitar al Ejecutivo mediante simples interpretaciones del Congreso, pues se trata en la práctica de una reforma constitucional.

«El Congreso quiere modificar la Constitución al margen de la Constitución», resumió Cairo, aunque Patricia Juárez, presidenta de la Comisión y una de las más notorias parlamentarias de FP, asegura que también hay juristas que ven con buenos ojos la iniciativa.

Por ahora, el Congreso no tiene fecha para discutir en plenario el pedido de aprobar el dictamen por insistencia, mientras Vásquez, una abogada de izquierda con experiencia en esos asuntos por haber sido presidenta del Legislativo, intenta tender puentes.

El cambio de gabinete alivió tensiones, entre otras cosas por las resistencias que generaba Bellido, pero el clima se volvió a complicar muy pronto, en medio de críticas de FP, RP y Avanza País a algunos nuevos ministros, como el de Interior, Luis Barranzuela, por haber sido abogado del máximo líder de PL, Vladimir Cerrón, en los procesos por corrupción que se le siguen.

Los cuestionamientos también alcanzan a los nuevos titulares de Educación, Carlos Gallardo –un profesor jubilado-, y de Cultura, Gisela Ortiz –notoria activista de los derechos humanos desde que su hermano fuera asesinado por militares en 1992-, pues algunos parlamentarios les atribuyen vínculos con extremistas, aunque sin presentar pruebas.

Como en otras ocasiones, lo que pase puede depender de la posición que asuman los partidos de centroderecha y centro, que suelen quedar atrapados entre las posiciones de FP, RP y Avanza País, que suman 43 de los 130 escaños, y de PL y su aliado Juntos Por Perú, que llegan a 42.