Lun. Nov 28th, 2022
La mujer lleva dos años presa en la cárcel de Ezeiza.

El hijo de «La China», la mujer que es juzgada por homicidio agravado por el vínculo tras haber sufrido una «emergencia obstétrica» cuando estaba embarazada sin saberlo, afirmó este jueves en el juicio contra su madre que ella no es «capaz» de lo que la acusan, mientras médicos que la atendieron en Venezuela confirmaron que presentaba enfermedades de base y que había tenido episodios similares en su país natal.

«Mis padres no eran capaces de eso», dijo el joven de 19 años en la cuarta audiencia del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 30, a cargo de los jueces Luis María Rizzi, Guillermo Enrique Friele y Marcela Mónica Rodríguez, en relación a la sorpresa que tuvo cuando le informaron por qué la acusaban a su madre.

El «parto en avalancha»

El hecho que se le imputa a la mujer -de 43 años y oriunda de Venezuela- ocurrió el 15 de diciembre de 2020 cuando, tras una gestación de 38 semanas, tuvo un evento obstétrico catalogado como «parto en avalancha», en el cual expulsó un feto, el cordón umbilical y la placenta.

Según ella misma explicó en una carta escrita en su celda del Complejo Penitenciario de Ezeiza, y también en su declaración el lunes último, no tenía conocimiento de su embarazo y había tenido eventos obstétricos similares en otras ocasiones en su país natal, por lo que depositó los restos con sangre envueltos en una manta en un contenedor de basura cercano a su casa en la zona del centro porteño.

Horas después, un hombre halló el feto envuelto en una manta en el barrio porteño de San Nicolás y dio aviso a la policía, por lo que una semana más tarde la mujer fue detenida y desde entonces se encuentra presa y acusada de homicidio agravado por el vínculo, por lo que puede recibir una condena a prisión perpetua.

Durante su declaración, el joven de 19 años explicó que «la China», cuya identidad se preserva a su pedido, era «muy cerrada en los momentos en que tenía su período» (menstruación), que había atravesado en episodios anteriores «dolores muy fuertes» y pérdidas de «mucha sangre», y al ser consultado si había percibido el embarazo de su madre dijo que «para nada» ya que «todos aumentaron de peso durante la pandemia».

El tetsimonio de los médicos

También prestaron declaración dos médicos venezolanos, Edgardo José Enriquéz y Hrayr Madaghjian, que compartieron parte de la historia clínica de la mujer y constataron que «la China» tuvo otros episodios de emergencias obstétricas en su país natal.

Madaghjian indicó, además, que «la China» presentaba dos patologías de base: el síndrome de ovario poliquístico y la fibromatosis uterina.

Esta última «pudo haber sido la causa de la muerte del feto», dijo el médico en referencia al episodio que la llevó a recibir atención médica en 2015, cuando ingresó al centro médico tras un «aborto incompleto espontáneo hemorrágico y anemia aguda».

«Sirvió al develamiento de la verdad de los hechos», dijo a Télam el abogado defensor Gastón Marano sobre las declaraciones de hoy.

Para el letrado, los «episodios que le ocurrieron en Venezuela» acreditan la recurrencia de emergencias obstétricas que tuvo a lo largo de su vida y «la patología de carácter psíquico que sufre» la acusada, en referencia al «trastorno de negación generalizada del embarazo» acreditada por los especialistas Ezequiel Mercurio y Vanesa Maero Suparo, del Ministerio Público de la Defensa.

Por otra parte, criticó el accionar del tribunal a lo largo de las audiencias: «Noto falta de perspectiva de género y familiar, especialmente en las instrucciones del tribunal sobre cómo interrogar a un testigo, que no es otra cosa que el hijo de una imputada que está pasando el peor momento de su vida», dijo.

Y resaltó que el tribunal «tiene antecedentes particulares en el análisis de cuestiones donde el género es predominante».

En este sentido, el juez Rizzi presenta denuncias en su contra junto a su colega Luis María Anzoátegui, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N 8, porque ordenaron investigar a médicos – a quienes llamaron «sicarios»- por garantizar la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso.

«Yo me sigo preguntando cómo hace dos años que el Estado argentino tiene presa a una persona, entre rejas, con un hijo discapacitado en su casa. Estamos hablando de una persona que no tiene ningún medio para profugarse, mucho menos para entorpecer una investigación que apenas comprende», dijo Marano.

Desde la defensa pidieron el arresto domiciliario de la mujer para que pueda acompañar a sus hijos, uno de los cuales presenta Trastorno de Déficit de Atención, pero el tribunal no resolvió al respecto.

A lo largo del proceso judicial, la mujer es acompañada por distintas organizaciones, entre ellas la Comisión Libres las Queremos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal, Mujeres x Mujeres y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.